Se busca evitar el robo de tapas de alcantarillado, cables de luz, señalización vial y mobiliario urbano, entre otros materiales
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó endurecer la pena al robo de cualquier componente que se utilice para brindar servicios públicos (alumbrado, agua potable, drenaje, entre otros), al dictaminar una sanción de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientos a dos mil días de salario mínimo.
La propuesta, presentada por el diputado Juan Carlos Espina von Roehrich, busca reformar las fracciones IV y V, y adicionar una fracción VI del artículo 374 del Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla que señalará:
“Cuando el objeto del robo sea la sustracción, apoderamiento, comercialización, detentación o posesión de cualquier objeto, componente o material utilizado en la prestación de algún servicio público, tal como el alumbrado, energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, telecomunicaciones, señalización vial, urbana o servicio de limpia, incluyendo cualquier alcantarilla o tapa de registro de alguno de los servicios referidos o cualquier clase de mobiliario urbano; se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientos a dos mil días de salario mínimo”.
En las consideraciones del dictamen, se expone que el robo de los componentes de servicios públicos se ha convertido en un problema general y costoso, que asumen los gobiernos y los ciudadanos, pues se destinan nuevamente impuestos para sustituir lo robado, distrayendo esos recursos de otros fines y objetivos también importantes.
El objetivo de la reforma es desalentar la conducta delictiva y castigar de forma adecuada el daño que produce a la sociedad la sustracción o apoderamiento de una cosa, materia o componente, destinado a la prestación de un servicio público. El dictamen se someterá a la consideración del pleno en la próxima sesión extraordinaria.
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