Se ha hablado y escrito ya mucho de los lamentables
acontecimientos en el Congreso del Estado el pasado lunes 3 de septiembre, que
pasará a la historia como un "lunes negro" para el prestigio del
Poder Legislativo. Para récord el tiempo de aprobación de una iniciativa de
reformas a una ley relevante: cuatro horas entre que se presenta en el punto de
"Asuntos Generales" de una sesión de la Comisión Permanente y es
aprobada por el Pleno del Congreso en Sesión Extraordinaria, convocada quince
minutos antes. En medio, una reunión de la Comisión de Gobernación no convocada
por su Presidente y celebrada sin haber sido citado, una segunda reunión de la
Permanente, el rechazo a una moción suspensiva ya en la plenaria y, eso sí, la
dispensa de lectura del dictamen. 34 a favor y 2 en contra.
Por cierto, acto seguido -literalmente- el Periódico Oficial del
Estado, que no se había destacado por eficiencia en su actuar, publica ese
mismo día la reforma a tiempo para poder ser exhibida por la noche en la Ciudad
de México.
Ya también son del conocimiento de la opinión pública la graves
deficiencias jurídicas y constitucionales de la reforma aprobada con tan
irregular celeridad. Que en consecuencia, el Partido Acción Nacional y su
Presidente Gustavo Madero han anunciado la interposición de una Acción de
Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por otro lado, ya es una versión aceptada por casi todos y no
desmentida por nadie, la relación de este atropello con las posibles decisiones
a adoptarse por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN el mismo lunes 3 sobre la
vigencia de la dirigencia estatal en Puebla. Si esto es así, si verdaderamente
el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla fue instrumento de una pugna
partidista, si se modificó un código electoral para que no se actualizara una
hipótesis prevista en un Estatuto partidista, el atropello a la división de
poderes sería monumental, propio de cualquier república bananera y reflejo de
una mentalidad autoritaria y dictatorial.
Pero ¿quién pudo estar detrás de todo este procedimiento tan
bien organizado y tan bien implementado? ¿qué fuerza motora tiene hoy en Puebla
la capacidad para armar tal operativo? Una cosa es segura: el Congreso y sus
diputados no.
Versiones periodísticas, plumas afines y voceros hasta
orgullosos asignan la paternidad de esta criatura al Gobierno del Estado. Una
columna bien informada de lo que ocurre en palacio señala directamente como el
orquestador de todo el "operativo" al Secretario General de Gobierno
Fernando Manzanilla Prieto, aspirante a la Presidencia Municipal de nuestra
angélica ciudad por Acción Nacional, militante de recién ingreso en el partido
y lector de Juan de Palafox y Mendoza.
La cita es extensa y ofrezco disculpas de antemano por ello:
"Entonces arrancó una operación magistral de Fernando
Manzanilla que dirigió el sigiloso operativo con el que el Congreso
aprobó la #LeyAntiYunque: a través del talentoso René Meza Espejel se
negociócon el PRI y Fernando Morales dio el visto bueno, así como Edgar
Salomón Escorza. A continuación Manzanilla puso al tanto a Mario Riestra, quien
pese a los riesgos evidentes por su posición de coordinador designado por el
dirigente estatal, aceptó cumplir su papel. El área jurídica elaboró el
texto así como los caminos posibles de impugnación. Por último, se
eligió a Edgar Antonio Vázquez como el legislador que iba a ingresar la
iniciativa, para no dejar espacio a falsas interpretaciones de dónde venía el
impulso.
Pero la cereza del pastel de la genial operación política de
Manzanilla fue que, por primera vez en mucho tiempo, nadie filtró lo que
se avecinaba en el Congreso: un silencio sepulcral de todos los actores
involucrados. Ni los morenovallistas, ni priistas ni panistas enteraron a los
medios o al Yunque. Juan Carlos Mondragón amaneció atento al distractor de
la carta firmada por liderazgos panistas. Para cuando Espina von Roehrich se
dio cuenta de lo que ocurría era demasiado tarde: la maquinaria del legislativo
se había echado a andar y en casi cuatro horas la #Ley AntiYunque estaba
cocinada, pese a lo endeble de los nuevos plazos del proceso electoral 2013.
"La medida extrema de fuerza ideada por Moreno Valle y
operada por Manzanilla cambió el escenario de la sesión del CEN. Los
portavoces del régimen, nada más, fueron Molinar Horcasitas, Ernesto Cordero y
Luis Alberto Villarel. Del lado Yunque, Cecilia Romero llevó la voz
cantante. Al final, y sin votación de por medio, fue rechazada la prórroga de
Mondragón que deberá terminar su periodo legal." "Tiempos
de Nigromante" Arturo Rueda; Periódico Cambio 4 de septiembre de 2012.
El señalamiento es gravísimo. Amerita, desde mi punto de vista,
un deslinde tajante y urgente del responsable de la política interna en el
Estado por las implicaciones de dicha supuesta acción: Significaría que desde
la Secretaría General de Gobierno se "operó" -así se dice ahora- con
la complicidad de la mayoría de los Diputados, de casi todos los Coordinadores
y Representantes legislativos (incluído el Dip. Mario Riestra Piña, del PAN),
del Presidente del Congreso (Dip. Edgar Salomón Escorza) y del Presidente de la
Mesa Directiva (Dip. Enrique Nácer Hernández) con sigilo, con dolo, ocultando
información a por lo menos dos diputados, para concretar una reforma legal
teniendo como objeto un interés particular. No lo quiero creer. Promover la paz
es fortalecer las instituciones democráticas, no dinamitar su prestigio.
La verdad no basta con señalar que el columnista "no es mi
vocero". Es ineludible un deslinde con todas sus letras.
Castillo Peraza hablaba de la necesidad que hay en México de
prestigiar la política, los políticos, los partidos políticos, a los
legisladores y a los Congresos. El reto es cada día mayor.
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